Por: María Cristina González
Hace aproximadamente dos (2) años, el Congreso Nacional dominicano votó una ley que establece sanciones penales contra aquellas personas físicas o jurídicas que ejecutan, promueven o incitan a invadir u ocupar ilegalmente propiedades inmobiliarias, sean estas de origen público o privado, con su correspondiente registro legal.
La emisión de esa ley, se produce en el preciso momento en el que el país presenciaba un mayúsculo escándalo y una extensa polémica, por la apropiación u ocupación ilegal de millones de tareas de tierras propiedad del estado y del pueblo dominicano, en la zona conocida como “Bahía de las Águilas y del Consejo Estatal del Azúcar;” cuyos implicados fueron recientemente favorecidos con una decisión judicial que ordena el archivo definitivo de su caso.
Entre los vinculados al caso de Bahía de las Águilas y de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar,-CEA- se encuentran poderosos personajes públicos y privados vinculados a la política y al mundo empresarial, quienes por obra y gracia de sus influencias en el poder, consiguieron que su caso, sea archivado y considerado perimido.
Contrario a lo sucedido con los envueltos en el escándalo de bahía de las águilas, es el caso de los campesinos del Este, quienes amparándose en el espíritu del Articulo 51, de la constitución de la República Dominicana decidieron ocupar modestas porciones de terrenos pertenecientes al Consejo estatal del azúcar,-CEA- en reclamo de que sean integrados a los planes y programas de la Reforma Agraria, esos humildes labriegos fueron apresados, juzgados y condenados a prisión penal, de los que incluso uno de ellos murió en la cárcel.
Si comparamos esas dos realidades, habríamos de concluir en nuestra reflexión, en que estamos una vez más ante una nueva ley del embudo, donde lo más estrecho sirve para aplicárselo a los pobres y lo más ancho, para los ricos y poderosos; y esta elucubración mental, me hace asomar a límites que no quiero llegar ni a pensar; en el sentido de que a esos sectores marginado los están empujando a tomarse la justicia por su propia manos, o lo que es peor; propiciar una rebelión social de consecuencias impredecibles.
No quisiera pecar de pesimista, pero la forma en que aquí se viene aplicando la ley y administrando justicia, me hace temer lo peor… de no ser así, revisemos los hechos cotidianos; crímenes cometidos por antisociales aliados con agentes del orden juzgados y condenados varias veces por hechos similares; linchamientos y muertes de individuos producidos por agrupaciones de ciudadanos, que aplican su propia justicia… cuando llegamos a ese estadio de desconfianza en nuestras instituciones, quiere decir que el maremoto esta cerca…