Sinceridad, ante todo. República Dominicanaacumuló durante largos años un problema migratorio que omitió solucionardebidamente. Desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, acumulamos más desesenta años sin una correcta y responsable acción gubernamental en aras deafrontar el delicado tema migratorio con nuestro hermano país Haití. Fuera detodo juicio de valor sobre las causas (y consecuencias) de este gran pasivo, queúnicamente no se le puede endilgar al sector público, finalmente el Estadodecidió ser firme en solucionar, desde las entrañas, este importante tema.
Por ello, la Ley 164-14 y su Reglamento deaplicación nacieron con esta finalidad. Era necesario establecer los regímenesy alcances sobre la nacionalidad dominicana, la naturalización y la residenciade extranjeros en nuestro país, esto es, todo el conjunto de disposiciones quelegalmente establecieran que un nacional no dominicano pudiese establecerse ensuelo dominicano. Y ahí vamos, cumpliendo con nuestro compromiso, deseando quecada avance en este largo proceso sirva para mejorar cada día más nuestrasrelaciones con el vecino país. Podremos, en tiempo razonable, apoyar o criticarestas políticas públicas según sus resultados, pero siempre deberemos aplaudirla decisión responsable de encarar esta problemática.
Pero más allá de centrarnos en laconvivencia pacífica de nuestros vecinos y nosotros, que compartimos estapequeña isla de limitados recursos, nuestra preocupación, ahora, debe ser lasolución definitiva de la inestabilidad política que vive Haití. El germen dela mejor solución migratoria posible entre ambos países ya no solamente recaesobre la decisión soberana del Estado dominicano de puntualizar su problemamigratorio, sino que además es responsabilidad intrínseca del Estado haitiano.Una mayor inestabilidad política allí, deviene en un mayor problema migratorioacá.
República Dominicana sufrió fuertespresiones internacionales que significaron injerencias sobre nuestro derechoconstitucional y soberano de establecer nuestras políticas migratorias,producto de la sentencia del Tribunal Constitucional No. 163/14 de fecha 23 deseptiembre del año 2013, y posteriormente quedó demostrado que el ánimo nuestrono era actuar de espaldas a la problemática, sino de frente. Hoy, debemosabogar porque esa misma comunidad internacional, y sin que signifique esta vezinjerencia sobre el sistema político de Haití, fiscalice, observe, proponga ycolabore a una solución eficaz de la inercia social, política y económica quelos mismos viven. Haití vive una incertidumbre permanente desde el pasadoterremoto que les afectó el 12 de enero de 2010. A pesar de la gran ayudainternacional, provenientes de potencias extranjeras, organizaciones nogubernamentales, entidades religiosas, etc., Haití no ha podido capitalizardichas acciones en mejorías tangibles para sus ciudadanos. Es por ello queahora desearíamos que, la misma intensidad mostrada en las ayudas tras elterremoto y la presión que recibimos tras la sentencia del TribunalConstitucional, sean ahora traducidas en nuevas acciones tendentes aregularizar todo el sistema político de Haití. Queremos ver esa firmeza.
Toda acción tendente a la mejoría de Haití,es una acción de mejoría para República Dominicana. Si, en verdad, la comunidadinternacional quiso solidarizarse con Haití y sus descendientes encircunstancias pasadas, que lo demuestre ahora apoyando acciones concretas quesignifiquen estabilidad política, económica y social en Haití. Tiene lacomunidad internacional la oportunidad de oro de demostrar si real yefectivamente existe de su parte sinceridad al preocuparse por la parte oestede la isla (¿lo harán?). Y, por supuesto, el Estado dominicano estará enprimera fila en esta colaboración. Como lo hemos estado, a pesar de todo. Que lohagan por Haití, que lo hagan por nosotros. Sinceridad, ante todo…
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