La Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana debería estar presente como querellante y actor civil en cada uno de los casos de financieras que han quebrado y que operaban al margen de la ley monetaria y financiera, basado en su competencia en razón de la materia, ya que el propio articulo uno de la ley monetaria y financiera establece que “la presente ley tiene por objeto establecer el régimen regulatorio del sistema monetaria y financiero del país.
Esta regulación abarca todo el territorio nacional y comprende la fijación de políticas, reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones” y en su artículo 3 esta ley es clara cuando establece que “la intermediación financiera está sometida al régimen de autorización administrativa previa y sujeta a supervisión continua y dicha intermediación solo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera autorizadas en la ley.
La intermediación financiera comprende la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea la forma o instrumento de captación o cesión utilizado, de esto se deduce que ninguna entidad comercial puede captar recursos del público sin una autorización especial y por vía de consecuencia contravienen la ley monetaria y financiera, la emisión de documentos como “certificados financieros, certificados de inversión, papel comercial, certificado de valor, pagare para inversión, contrato para inversión sinalagmático” entre otros nombres que han inventado y que no existen en el régimen de regulación financiera.
Por ende, todo el que viole la ley monetaria y financiera, puede ser perseguido y sometido a la justicia por dicha entidad.
En la práctica, la Superintendencia de Bancos ha abandonado esa atribución exclusiva de ella en representación del Estado alegando que son financieras no reguladas y somos de opinión que con más razón aun si no están reguladas entra su competencia como ente regulador para querellarse y perseguir sus directivos por violación a dicha ley y ha sido notoria su ausencia como querellante y defensa de los estafados en los casos de las financieras Inversiones al Día S.A., Morales Comercial S.R.L., Inversiones y Prestamos Veganos S.A. (INPREVESA), Financiera Belgar, Inversiones, Prestamos y Descuentos S.A. entre otras más.
El artículo 86 de la Ley monetaria y financiera del 21/11/2002 les otorgó un plazo de dos años a las financieras para que regularan, transformaran y adecuaran de acuerdo a dicha ley, y que luego les fue otorgado una prórroga para ello que venció en octubre del 2005, por lo que las financieras que no se acogieron a la ley, quedarían operando de manera ilegal y el ente regulador al no hacer su trabajo permitió que cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros hayan perdido los ahorros de sus años de trabajo por no haber actuado a tiempo y clausurar esas entidades.
Por lo que con una simple lectura del artículo 68 de la propia ley monetaria esta su letra a, donde califica como infracciones muy graves “Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones establecidas en la correspondiente autorización.”
Del mismo modo establece como infracciones muy graves “Realizar operaciones prohibidas en virtud de la presente Ley o que no estén dentro del objeto social de la entidad o la captación de recursos en forma no autorizada al tipo de entidad de intermediación financiera.” También denegar sin justa causa legal el reembolso de depósitos, entre otras disposiciones.
Si la Superintendencia de Bancos no cumple con su misión y su rol para el cual fue creada, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿Y Ahora?, ¿Quién Podrá Defendernos?
Por Amadeo Peralta.-
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