Estos, forman parte de los gastos más recurrentes ejecutados por los ayuntamientos, sin embargo, por lo regular, no cuentan con los documentos justificativos que lo sustenten, por consiguiente, carente de toda reglamentación y/o política de control interno.

En los cabildos, no todas, las compras comunes de materiales, suministros, servicios, equipos de oficinas y transporte, maquinarias, obras de infraestructuras, etc. Generalmente están respaldadas con la debida requisición, cotizaciones, facturas, entradas de almacén, certificaciones impositivas y de seguridad social, entre otras.

En cambio, los gastos de dietas y representación, viáticos, combustibles y ayudas, en la mayoría de los casos, no cuentan con documentación de terceros, sino que la entidad municipal realiza el desembolso sin ningún tipo de reglas, criterio legal o procedimientos que lo justifiquen.

Esta problemática afecta a la gran mayoría de las alcaldías, debido a que carecen de una estructura de control interno para cada área de operación, que salvaguarde los recursos del organismo, por lo que nuestra recomendación a todas las entidades municipales va dirigida a reglamentar cada uno de los rubros que originan desembolsos sin la presentación de documentos formales como son cotizaciones, facturas con valor fiscal y demás.

Es propicio subrayar que el Artículo 25 de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, indica textualmente lo siguiente: “Artículo 25: Responsables del Control Interno. El titular de cada entidad u organismos bajo el ámbito de la presente ley, es el principal responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva institución. Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su cargo.”

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