La clase media es el objetivo preferido de los afanes recaudatorios de todos los gobiernos. Más estructurada en sus hábitos y en sus haberes, es más fácil apuntar hacia ella cuando se trata de subir impuestos. Las medidas que prevé la ley 155-17 le van a dar duro.

El objetivo es corregir la subvaloración de los inmuebles registrados en el Catastro Nacional. Cobrar el IPI de acuerdo con el valor de mercado implica prácticamente triplicar el monto que se paga hasta ahora. Además, se pide desde la DGII que “voluntariamente” y como primera medida se haga una declaración de las propiedades y se pague un 3% de la diferencia entre el valor de Catrasto y el de mercado. Es decir, que bajo la excusa de la transparencia, van a multar a quien se acerque. Por hacerlo voluntariamente... lo dejan en un 2%.

Aquella clase media que compró su casa o su apartamento en Ciudad Nueva, El Millón, Los Prados, la primera Bella Vista, en las nuevas promociones de la provincia, en cualquier barrio... es hoy millonaria de acuerdo con el valor de mercado. Pero mientras el valor de la propiedad inmobiliaria se ha incrementado de forma exponencial, los ingresos reales han ido decreciendo debido a la inflación real, esa que incluye la tasa de cambio que muchas veces se ignora...

Los inmuebles que aquella clase media compró con esfuerzo y que son la gran inversión de su familia, a precio de mercado valen millones. Pero eso no quiere decir que sus propietarios los tengan. Para pagar el nuevo IPI, muchos tendrán que venderla e irse a otra parte.

Eso se llama gentrificación y se supone que el Estado debe manejarla, no empujarla.