El portal especializado en seguros, Latino Insurance Online, en su boletín número 4663, del 23 de abril de 2020, recoge las declaraciones del titular de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, Doctor Euclides Gutiérrez Félix, solicitando a los ejecutivos del sector asegurador dominicano realizar un “esfuerzo solidario” para mantener a sus empleados en sus puestos.

En el cuerpo de la información, el Superintendente solicita a los líderes de las compañías aseguradoras a que hagan “un sacrificio solidario dentro de su compromiso social” para mantener a sus empleados en sus puestos, tras la exclusión de las empresas del sector en los Fondos de Asistencia Solidaria al Empleador (FASE). 

El funcionario basa sus declaraciones en el decreto presidencial número 143-20, que instituye el programa FASE y que excluye al sector seguros junto al sector financiero y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), entre otros sectores.

En dicho boletín, señala, además, que; “pese a este hecho, la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19, requiere el sacrificio de todos para evitar que los colaboradores, empleados e intermediarios sufran la crisis económica y la carencia de lo esencial en alimentación y medicinas ante la necesaria cuarentena dispuesta por el Gobierno dominicano”.

En el orden de lo que queremos comunicar, es importante destacar que las primeras 10 aseguradoras del mercado, de 38 existentes, cobran el 90% de las primas totales generadas por el canal de corretaje en el mercado dominicano. De igual forma, tal como sucede con las aseguradoras; los 10 primeros corredores de seguros cobran el 35% de la comisión total generada y el resto de ella -las comisiones- se divide entre los 1,556 corredores y agentes restantes. Hay 1,566 licencias registradas según la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras (CADOAR), en su reporte cortado al 31 de diciembre de 2019. 

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por esa prestigiosa entidad, las comisiones pagadas a los intermediarios ascienden a un poco más de cuatro mil ochocientos millones de pesos, de esa suma, los primeros 10 corredores en orden de ingresos, cobraron el 35%. El resto de las comisiones, se repartió entre los 1,556 corredores y agentes.

Las mismas estadísticas indican que el corredor o agente marcado con el número 623 de la lista, en función de los ingresos percibidos por comisiones a la fecha descrita, cobra 498 mil pesos anuales. De ahí en adelante, es decir, los 943 restantes cobran menos de esa suma.  Si dividimos 498 mil pesos entre doce meses, da un resultado de 41,500.00 pesos mensuales. Importe que podría equipararse al salario de un oficial inferior bancario, pero sin responsabilidades ni gastos.

Resulta que un corredor o agente, por pequeño que sea, debe tener las herramientas indispensables para desempeñar con eficiencia su trabajo, a decir, una pequeña oficina, una secretaria y tal vez dos o tres empleados.

En la situación actual, todos esos corredores y sus empleados, suponiendo con cada uno tenga en promedio 5 empleados, sumarian 4,715 personas sin trabajo o con ingresos mermados en más de un 70%. ¿Quién les paga a esos empleados? ¿Cómo sobrevive ese corredor o agente y sus familiares?

Al parecer, la percepción que tiene el gobierno con relación al sector asegurador es que éste se puede igualar en términos de ingresos y condiciones económicas al de la banca y las AFP; pero no es así. El sector asegurador tiene una franja de intermediarios que sufre la misma condición que tienen los sectores que han sido favorecidos con los programas FASE.

Los números indican que hay 943 corredores y agentes más sus empleados sin alimentación ni medicinas en este momento. La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), que es la entidad que agrupa la mayor parte de los Corredores de Seguros en la República Dominicana, le ha hecho comunicado al Superintendente sobre la situación por la que está atravesando el sector.

No es justo medir los tres sectores con la misma vara. Los banqueros se han beneficiado de la reducción del encaje y de los fondos que el gobierno ha canalizado a través de ellos, además, han seguido produciendo. El sector seguros, en cambio, ha sido golpeado gravemente. Sus ingresos por cobros es muy probable que ronden en promedio el 30% durante los meses actuales. Es por esas razones que la superintendencia debe continuar insistiendo por ante la Comisión de Alto Nivel, a los fines de que sean incluidos en el programa FASE, por lo menos los corredores y agentes más pequeños y sus empleados.

Además, el Gobierno, a los fines de evitar la desaparición de una gran parte de esas Mipymes, debería facilitar préstamos blandos para el pago de alquileres, telecomunicaciones y energía eléctrica, prorrogar la declaración y el pago de los impuestos correspondientes al año 2019 y el establecimiento de una política de créditos destinados a la reestructuración de deudas del sector, con una tasa anual fija menor a un 8% y plazos de pago con 1 año de gracia.  Es importante apuntar aquí, que los fondos del sector financiero no han llegado a muchos.

Otras facilidades podrían ser, la eliminación definitiva del cobro de los anticipos del Impuesto Sobre La Renta, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, debido a que con el tiempo ha devenido a ser una odiosa imposición, más que un impuesto. 

Como colofón hay que recordar que el Estado, como producto de la actividad aseguradora se deduce el 16% de impuesto selectivo al consumo directamente de la prima bruta pagada por los clientes, mientras los ingresos BRUTOS por comisiones promedio de los intermediarios apenas ronda el 13.5% dependiendo de la concentración de la cartera.

Los corredores medianos y pequeños merecen un trato especial, forman parte de los sectores vulnerables, aunque anden con corbata, limpios y no anden autodenominándose “padres de familia”. Seamos sensatos.