SICARIOS

AGENTES A MERCED DEL NARCOTRÁFICO

Lunes 19 de Marzo de 2009

La influencia del narcotráfico en Puerto Plata llegó a un punto tal que los oficiales de la dotación policial de esa provincia recibían órdenes de los jefes del sicariato, en el sentido de “quitar del medio” a determinadas personas.

Los narcotraficantes pagaban un “peaje” semanal a agentes policiales, incluidos oficiales y subalternos, a los fines de tener campo libre para dedicarse al ilícito comercio de las drogas.

Un informe confidencial que preparó la comisión investigadora de la Policía Nacional sobre la situación del narcotráfico en Puerto Plata revela que varios oficiales de la dotación local establecieron relaciones personales con reconocidos narcotraficantes, de quienes recibían regalos y órdenes.

“Se ha podido determinar que miembros de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas de servicio en la Dirección Regional Norte se olvidaron del sagrado cumplimiento de sus deberes para constituirse en una asociación de malhechores y cómplices al servicio de reconocidos narcotraficantes que operan en toda la región Norte”, resalta en sus conclusiones el informe, de fecha 10 de marzo de 2009.

Entre esos narcotraficantes se menciona a Franklin Hidalgo Batista, conocido como Franklin El Gallero, jefe de la banda La 42, quien tenía policías y fiscales a su servicio, a los que les ordenaba el arresto o liberación de sus rivales en el narcotráfico.

Además, la comisión investigadora detalla la relación de agentes policiales con otros grupos liderados por Ángel Rafael Almánzar Fernández (La Ciencia), y otros narcotraficantes conocidos por los motes de Santos y Miguel.

Una conversación telefónica grabada por el equipo de investigación revela la relación de Hidalgo Batista con el teniente Pedro Julio Cabrera, quien le confirma al primero que tiene orden de arresto contra su rival Miguel Ozoria.

Además, en esa conversación el teniente Cabrera le recuerda a Hidalgo Batista que le debe “su cosita que tiene asignada los miércoles”, al referirse al pago semanal que recibía por el funcionamiento de la banda La 42.

Ese pago que recibía semanalmente el teniente Cabrera se extendía también a otros estamentos de la Policía en Puerto Plata. Así lo hizo constar en sus declaraciones a la Policía Ángel Rafael Almánzar Fernández (La Ciencia), considerado como uno de los principales distribuidores de drogas de la región.

“Para obtener un punto de distribución de drogas en Puerto Plata hay que pagar un anticipo que consiste en solventar una cantidad de dinero a miembros de la Policía Preventiva, Investigativa y Dirección Nacional de Control de Drogas para que este punto adquiera el derecho a iniciar sus operaciones”, declaró Almánzar Fernández.

El traficante explicó que se le fijaba una cuota semanal a cada una de esas instituciones, la cual aumentaba de acuerdo al incremento de las ventas del punto.

“En el proceso de la investigación se pudo determinar que la mayoría de los narcotraficantes de la región pagaban su peaje, pero además tenían la obligación de pagar un anticipo a los miembros de la DNCD y PN, como derecho a abrir un nuevo punto de distribución de drogas y al pago obligatorio de un semanal de RD$35,000 por cada punto de distribución de drogas narcóticas para operar permanentemente”, precisa el informe.

La comisión investigadora de la PN que rindió el informe la integraron los generales Ramón Francisco Rodríguez Sánchez, director central antinarcóticos; Manuel E. Castro Castillo, director central de Asuntos Internos de la PN; los coroneles Robert A.

Abreu Peña, inspector general de la DNCD y Paul Cordero Montes de Oca, encargado de Planificación de la Policía Preventiva, y Ramón A. Madera Arias, procurador general adjunto.

Conclusiones. En el informe, las autoridades solicitan el arresto de Hidalgo Batista y su abogada Ursulina Díaz Martínez.

Además, la detención de William Darine Peña Noesi (El Diablón), Félix Peña, Gumersindo Alcántara Ramírez y el francés Assen Akrabou.

También, el retiro forzoso de las filas de la Policía del coronel Frank Félix Almonte, el primer teniente José Daniel Cepeda Rubio y otros oficiales.

Papel de los fiscales en el caso

Ministerio Público indiferente

La participación de miembros del Ministerio Público tampoco se descarta en el caso de narcotráfico de la provincia Puerto Plata, debido a que ante varias denuncias presentadas ante las autoridades, ese organismo de justicia permaneció indiferente.

El informe confidencial cita el desarrollo de las investigaciones en torno al caso de la muerte de Julio César García Almonte y los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña, ocurrida el pasado 2 de enero, alegadamente por problemas de drogas en un supuesto intercambio de disparos con una patrulla policial.

Sobre ese hecho, el traficante Ángel Rafael Almánzar Fernández (La Ciencia) declaró a la PN que él había ofrecido detalles de la muerte de esas tres personas al magistrado Domingo Belliard, pero que el miembro del Ministerio Público no hizo nada, por temor a represalias por parte de los capos.

“Me sentí indignado cuando la Policía dijo que mató a esas personas en un intercambio de disparos”, declaró Almánzar Fernández.
Según el informe, Almánzar Fernández explicó que la intención no era matar a esas personas, sino que el día anterior del hecho habían planificado apresar al fallecido Julio César García Agramonte para quitarle un dinero.

Por otro lado, la abogada Ursulina Díaz Martínez, quien ofrece sus servicios a implicados en actividades de narcotráfico, informó a la Policía que los fiscales de la región Norte dan facilidades a sus clientes, por lo cual reciben un buen pago.

El informe confidencial cita que Díaz Martínez señala el famoso caso del fallecido fiscal Teódulo Ceballos Peñaló, de quien dijo que era protector de los jefes de distribución de drogas de todo el municipio de Sosúa.

Lucro a cambio de otorgar facilidades a narcos

Miembros de la dotación policial de Puerto Plata y de la Dirección Nacional de Control de Drogas eran beneficiados con el cobro de un “peaje”.

Además, los narcos pagaban incentivos para que los oficiales facilitaran protección personal y para evitar las agresiones de sus rivales.

Otro compromiso de los agentes era suministrar a los traficantes informaciones precisas del día y hora de los operativos en los puntos de distribución de drogas, según detalla el informe confidencial preparado por la comisión investigadora de la Policía.

“Cambio de drogas ocupadas, para que los resultados del laboratorio sean negativos y ser indiferente ante los enfrentamientos a disparos, heridas y muertes causados por las rivalidades”, especifica el informe entre las bondades que otorgaban los miembros de la dotación policial de Puerto Plata y de la DNCD a los narcos.

También, encubrimiento de las operaciones, manipulación de las investigaciones criminales donde los traficantes se veían involucrados y el apresamiento irregular de vendedores de drogas rivales.

Uno que disfrutaba de mayores privilegios era el narcotraficante Franklin Hidalgo Batista, que era transportado de un lugar a otro custodiado por los agentes.

Además, esos oficiales garantizaban el paso de Hidalgo Batista por los puestos de chequeo que realizaba la Policía en acciones preventivas, para que transitara con libertad.

Asimismo, a los que pagaban el “peaje” se les concedía el derecho de no figurar en los expedientes policiales como prófugos.

El análisis indica que parte del trato era la indiferencia de los oficiales.

Inicio de las operaciones de las bandas por el control de los puntos de ventas de drogas

Antecedentes de los enfrentamientos

Indagatorias de la Policía determinaron que los enfrentamientos entre las bandas La 40 y La 42 se originan en el intento de sus jefes por controlar los puntos de distribución de drogas en el municipio de Sosúa y la calle 30 de Marzo, de Puerto Plata.

El informe explica que el narcotraficante Franklin Hidalgo se inició en las actividades ilícitas hace unos tres años en un punto que dirigía en Montellano. Más tarde adquirió un punto en la calle 30 de Marzo.

Los conflictos empezaron cuando llega a ese sector Julio César García (fallecido) y recluta al mejor empleado de Hidalgo, Ángel Almánzar Fernández.

Resultados sobre muerte de tres personas.

El pasado 2 de enero se produjeron las muertes de Julio César García y los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña, supuestamente en un intercambio de disparos con la Policía.

Pero los resultados de las investigaciones del Departamento Judicial de Puerto Plata indican que las heridas de los occisos hacen presumir que no fueron recibidas en un estado de confrontación.

“En el lugar de los hechos no se encontró ningún rastro que permita suponer que hubo un enfrentamiento a tiros.

Al contrario, las evidencias recolectadas permiten suponer que “fue una ejecución a sangre fría”, señala el informe.

Testimonios de fé y productividad

Ministerio Público denuncia indiferencia policial

El informe confidencial de la Policía indica que el pasado 13 de febrero la comisión investigadora sostuvo una reunión con representantes del Ministerio Público de ese municipio, en la que ellos manifestaron su preocupación porque percibían el control que ejercía el narcotráfico en todo el estamento policial de esa provincia y sus municipios, destacando con especial énfasis el nombre de Franklin Domingo Hilario Batista.

“Todo esto ha generado desconfianza entre los miembros del Ministerio Público de Puerto Plata, quienes no sienten seguridad en trabajar junto a los miembros de la Policía”, dice el informe.

Mala coordinación entre Policía y Ministerio Público

Félix Álvarez Rivera, procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, remitió el oficio 0136/2009, de fecha 13 de marzo último al Procurador General, Radhamés Jiménez Peña, en el que manifiesta que “el afán de protagonismo por parte de la Policía daña los resultados de las investigaciones”.

Fuente: Felivia Mejía Santos.

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