Por muchos años anhelamos
contar con un régimen constitucional modelo,
libertario, que concediera al ciudadano y a la
ciudadanía el trono preconizado por todos los textos
referentes a la vida en democracia y de un estado
moderno. Soñábamos con un estado cuyo sistema
institucional de reglamentación de la vida colectiva
dejara clarificados el territorio de lo público,
social y colectivo de aquello perteneciente al reino
de lo privado, individual o empresarial.
Se entendía que de ese modo el ejercicio de los
derechos y deberes ciudadanos y de grupos de
intereses se circunscribiría a los ámbitos propios
de cada quien, respetando los fueros ajenos.
Y lo que se viene observando en la Asamblea Revisora
es, en muchos aspectos, contrario a lo deseable. Si
los poderes públicos, en democracia, son sistemas de
contrapeso entre los mismos y su fin es el bien
común, ¿cómo entender una Asamblea, que más bien
parece un barco de papel, que pone un huevo a cada
boca que le sopla?
El barquito asambleario, acosado a babor y a
estribor, a proa y a popa, ha ido cediendo el poder
de su independencia política a los intereses
particulares de grupos fácticos, que han pugnado por
obtener del territorio de lo público beneficios
adicionales.
Por eso para no chocar con el Concordato otorgan, y
la injusticia era obvia, el derecho a celebrar
matrimonios a los cristianos protestantes. Aprueban
el Art. 30 a contrapelo del sentido común y del
criterio de la sanidad pública. Rechazan el recurso
directo por inconstitucionalidad. Y como si fuera
poca cosa armaron gordo bullicio en la discusión de
si los ríos, playas y lagos eran o son de dominio
público. Tambalean hasta en la comprensión y defensa
de lo que incontrovertiblemente es y deberá ser
público. Si es que todavía se piensa en un destino
compartido por todos los dominicanos.
A cada grupo de poder lo suyo y con ello hemos ido
configurando en la Constitución un auténtico traje
de arlequín. Multicolor y de parches.
En España se han derribado
hoteles por traspasar la barrera de lo público y se
ha llegado a reivindicar, para la sociedad, hasta
los caminos reales y comunes como parte del
patrimonio público, reglamentando su uso. Hasta
donde se sabe a todas las playas nacionales llegaban
caminos públicos. No se llegaba a ellas en
paracaídas para respetar la propiedad de los
terrenos privados circundantes. Comprar una finca
nunca puede incluir la adquisición del río y sus
playas.
La deontología democrática buscaba limitar el poder
contra el absolutismo histórico, pero no para crear
un nuevo absolutismo de lo privado. Así, el
equilibrio sin sentido comunitario se pierde.
