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				LA DELINCUENCIA: PREVENCIÓN Y FUTURO 
				25 Junio de 2008
				La República Dominicana, 
				por la posición geográfica que posee, es un puente natural para 
				el transporte de drogas que existe principalmente desde países 
				de Latinoamérica hacia los Estados Unidos.  
				El incremento de ese 
				transporte se debe, básicamente, a que los Estados Unidos 
				continúan siendo los principales consumidores a nivel mundial de 
				estupefacientes, y la lucha contra el narcotráfico que muchos 
				países, como México, han estado librando recientemente, obligan 
				a los narcotraficantes para buscar nuevas rutas. De esa gran 
				cantidad de droga que pasa por el país, una bajísima parte 
				permanece en la media isla, gracias a que, al menos al sol de 
				hoy, no somos un país consumista, al menos en el sentido 
				estricto de la palabra.  
				A esto hay que sumarle 
				que, ser nuestro país un país pobre, el mismo no posee los 
				elementos suficientes para hacer frente a este flagelo, ya que 
				el combate contra dicho frente requiere de mucho dinero. En 
				dólares. Pasando ya del ámbito nacional, al ámbito local, es 
				preciso señalar lo que en nuestra provincia ha estado sucediendo 
				últimamente, producto de este gran problema que nos afecta. La 
				cantidad de narcotraficantes que están marcando espacio cada vez 
				más resulta espeluznante. Solo hay que abrir un poco los ojos y 
				darse uno mismo cuenta de cómo surgen nuevos ricos, de la noche 
				a la mañana, sin conocerse trayectoria laboral ni comercial de 
				decenas de personas. Por citar apenas un ejemplo.  
				Y dentro de toda esta 
				guerra y de tanta incertidumbre, conviene resaltar que, aunque 
				históricamente miembros de la Policía Nacional han estado 
				ligados a estos grupos malsanos, la misma ha dado señales de que 
				la institucionalidad en nuestro país puede ser, como ha sucedido 
				recientemente en el municipio de Sosúa. Puede tener futuro.
				 
				En esta nueva etapa del 
				gobierno dominicano, aún reconociendo que los problemas que se 
				asoman presentan urgencias que deben ser atendidas con la mayor 
				disposición y capacidad posible, no se puede perder de vista la 
				necesidad de que se siga invirtiendo en la Policía Nacional. La 
				labor de la Policía Nacional se basa en una política preventiva, 
				que busca que los delitos no sean cometidos.  
				Pero esta política 
				estatal forma parte de un conglomerado de acciones que deben 
				llevarse a cabo para enfrentar a la delincuencia: primero está 
				la acción preventiva, ya luego se pasa a una labor judicial, y 
				finalmente a una labor ejecutoria. Por eso resulta muchas veces 
				difícil que un delincuente llegue a la cárcel, porque para ello, 
				luego de consumado el hecho, se tendrá que “filtrar” ese delito, 
				porque tiene que existir la denuncia ciudadana, el apresamiento 
				del que delinque, la puesta en manos del delincuente ante la 
				justicia, llevar a cabo todo un proceso judicial al mismo, y 
				luego tener que llevarse a cabo una labor ejecutoria de la 
				sentencia que condene al delincuente.  
				Sin mencionar en cuenta 
				el coste que finalmente supone al estado encarcelar durante el 
				tiempo que dure la pena al que haya infringido la ley. Cada uno 
				de estos procesos hace que, no solamente sea numéricamente 
				imposible que el 100% de los delitos que se cometan, se llegue a 
				condenar y a ejecutar la pena al 100% de los infractores. 
				 
				Haciendo un esquema 
				ejemplificativo, imaginemos que se cometen 50 delitos, se 
				denuncien 40 de ellos, la justicia condene a 30 de ellos, y  
				finalmente 20 de ellos completen una condena. De los 50 delitos 
				originales, solamente 20 violadores de la ley resultan 
				condenados por sus hechos delictivos, y 30 de ellos habrían 
				burlado la política estatal.  
				Para que las políticas 
				estatales funcionen, se necesita que el estado invierta en cada 
				una de las etapas que anteriormente mencioné, y sin quererlo, 
				debo de recordar que tenemos la capacidad económica limitada, ya 
				que el gobierno debe de invertir en salud, educación, turismo, 
				transporte, y demás campos, que restringen considerablemente los 
				márgenes de actuación del gobierno.  
				Pero si tenemos este 
				problema, que deberemos ir solucionando paso a paso, sería 
				interesante cuestionarnos sobre la necesidad de invertir de 
				manera significativa en la prevención del delito, esto es, tomar 
				una política enérgica a priori, más que a posteriori. Mejor 
				evitar un delito, que sancionarlo luego de consumado. En 
				realidad a la sociedad le interesa que no se cometa el delito, 
				más que la sanción del mismo. 
				Mediante la prevención 
				del delito, se estaría haciendo una disuasión del mismo, y el 
				coste social final que suponen los delitos se verían reducidos 
				significativamente.  
				Por ello, la política 
				estatal en este sentido debe estar destinada a la inversión en 
				equipamiento tecnológico y logístico de la policía, en la 
				capacitación profesional de los mismos, y sobre todo, en aumento 
				sustanciales de los sueldos que devengan. Por sobre todo, con 
				especial énfasis en nuestra provincia, la cual vive directamente 
				del turismo, y el daño que se haga al turismo tiene un riesgo 
				sistémico en todas las demás áreas económicas, dándose un efecto 
				dominó.  
				Si baja el turismo, se 
				cobra menos impuestos aéreos, no se llenan los hoteles, se 
				empiezan a despedir camareros, el restaurante de la esquina 
				vende menos, y el motoconcho ofrece menos servicios.  
				 
				En esta nueva etapa 
				gubernamental, si bien es cierto llegarán nuevos problemas que 
				deberán ser enfrentados con actitud, no menos cierto es que la 
				seguridad ciudadana significará uno de esos problemas que deberá 
				atenderse con suma prioridad.  
				Un primer paso para ello 
				podría ser enfrentándolo desde el ámbito provincial, mediante 
				una cumbre de síndicos municipales, diputados, cuerpos 
				policiales y militares, el senador, gobernador y la sociedad 
				civil, donde cada parte colabore en la medida posible para 
				enfrentar la problemática, donde se tomen medidas conjuntas para 
				aplicar un programa eficaz en contra de la delincuencia. 
				 Pero que de 
				hacerse una cumbre, se tomen acciones reales, efectivas, 
				contundentes (las buenas intenciones y las bellas palabras no 
				bastan, se las lleva el viento. Por demás está decir que son 
				hijas del olvido). Animemos a nuestros representantes, nos 
				beneficiaríamos todos.  
				
				El Autor es Abogado.
				
				  
					
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