Los mismos actores, ciudadanos distinguidos todos, echaron a un lado las bravuconerías, las disconformidades y desacuerdos para dar paso al entendimiento, al buen juicio y la cordura que posibilitó el arreglo.

La convivencia humana en orden, supone el respeto al derecho del otro, las fronteras del derecho individual no se superponen, el derecho de cada cual se escinde, se rompe, desaparece, al chocar con los límites de la frontera del derecho del otro. Sin embargo, hay causas que no por ser legalmente justificables tienen necesariamente que ser justas. Esta es una de ellas.

Existe un contrato, un acuerdo refrendado válidamente por la institución del Ayuntamiento que no puede ser negado. Sea que se trate de un “contrato oneroso” calificación impropia expresada por algunos comunicadores (se supone que quisieron decir contrato leonino, exagerado, injusto, abusivo) ese contrato ha sido válidamente refrendado por los elementos con calidad para hacerlo en el determinado momento histórico en que se aprobó.

Que las sumas envueltas sean exageradas no le resta validez al contrato, pero se sabe, como hemos dicho, que hay causas legalmente validas cuyo principio, cuya esencia, puede estar viciada por excrecencias moralmente difíciles de justificar.    

A la luz de cualquier observador imparcial e inteligente, no parecería justo que el Ayuntamiento actual cargue con una deuda producto del despropósito, del desorden y la insensatez de una autoridad municipal díscola que se enriqueció a la luz de una organización anárquica y  el desconocimiento pleno de los principios elementales de la buena administración. De ella, hay mucha tela por donde cortar incluyendo invaluables terrenos municipales cedidos a particulares por solo mencionar un caso.

A nuestro entender,  los honorables ingenieros que refrendaron el contrato para el relleno sanitario, cayeron en la turbulenta y sediciosa centrifuga de malos administradores enganchados a políticos que viendo cómo se les acababa el tiempo quisieron, como con muchas en otras cosas, amarrar a la siguiente administración con compromisos harto difíciles de cubrir, todo ello en detrimento de cada uno de los puertoplateños.  

Las autoridades edilicias actuales deben honrar en todas  sus partes  lo pactado para que esta pesadilla heredada por todo el pueblo desaparezca en su parte material, lo único es que deben dejar bien documentadas las obras que se van a dejar de hacer por efecto del pago de esas sumas de dinero (cuatrocientos mil mensuales hasta llegar a dos millones) con la finalidad de que ese desaguisado quede de manera perenne en la mente y el corazón de cada uno de los habitantes de esta provincia.