La economía muestra que el elemento indispensable del desarrollo económico es tener unas instituciones sanas. El buen gobierno está asociado con todos los indicadores de progreso: el crecimiento económico, la estabilidad democrática, la baja desigualdad y hasta la felicidad subjetiva.

La idea de buen gobierno va más allá de la ausencia de corrupción. Se refiere a unas instituciones transparentes, ecuánimes y con reglas predecibles para todos. Pero también a unos servicios públicos de calidad ofrecidos de manera efectiva, sin malgastar, y a unas garantías de seguridad jurídica para que pueda emerger una economía sana y competitiva.

En el corazón del concepto de ese buen gobierno se encuentra una idea clave: la imparcialidad. Es decir, la capacidad de que el Gobierno permanezca integro ante preferencias personales o consideraciones individuales.

Por ejemplo, el impacto de endurecer las penas contra la corrupción política y acabar con privilegios injustificados de los políticos como los indultos o los aforamientos será reforzado si, a la vez, introducimos medidas que nos ayuden a prevenirla como mejorar la transparencia en las decisiones de contratación pública o proteger a los denunciantes de corrupción.

Igualmente, las medidas que nos ayudan a reducir la corrupción, como despolitizar la administración, o recuperar la independencia de los organismos reguladores, son imprescindibles para mejorar la calidad de las políticas públicas y luchar contra el capitalismo de amigachos.

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