PUERTO PLATA.- Una pareja de esposos recibirá medida de coerción consistente en prisión preventiva tras estar acusados de estafar a beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en Casa” durante la pandemia del virus COVID-19.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata, que imponga prisión preventiva como medida de coerción a los esposos Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo.

Se explicó que supuestamente la pareja estafaron a varias personas avanzada edad que acudían al “Colmado Ramón Susaña”, ubicado en la calle principal, número 61, en el paraje Palo Blanco, situado en la parte rural de San Felipe de Puerto Plata.

La acusación tiene su génesis en una investigación realizada por la Fiscalía de esta provincia en coordinación con la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la (DICAT) de la Policía Nacional.

Se determinó que los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) a favor de los beneficiarios-denunciantes.

Los acusados decían a los beneficiarios de la Adess habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por la pareja.

Luego los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades.

La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia (Higuey), donde se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.

Por tal motivo, el Ministerio Público ha calificado el hecho de manera provisional de violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.