Ante el molestoso y vergonzoso ruido que se ha generado y se siente en relación a dar cumplimiento al mandato de Ley la No. 311-14 del 15 de Julio del año 2014, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de "Declaraciones Juradas de Patrimonio" de los Funcionarios y Servidores Públicos; tenemos que reflexionar sobre la actitud de resistencia o de negativa mostrada  por muchas de las personas que en este momento entregan y otras que asumen el poder. Por el bien de todos estamos llamados a cuestionar sus intenciones e integridad en el presente y en el futuro.

Esta ley en su artículo No. 2 obliga a los funcionarios públicos encabezados por el Presidente y Vicepresidente, a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario Público, de los bienes que constituyen su patrimonio al momento de asumir su cargo. De igual manera, a más tardar un mes de ser separados de sus puestos deben hacerlo los que son sustituidos.  Ese inventario se hace oficial en el momento que es publicado en un medio electrónico o impreso.

La Cámara de Cuentas de nuestro País es el órgano responsable de controlar, fiscalizar y aplicar la ley al respecto (311-14) según el "artículo No. 4"  de la misma.

Aún, con la existencia de normativas claras a través de las leyes y reglamentos, la falta de cultura de transparencia y de consecuencias permiten que en países como República Dominicana la administración de los recursos del Estado se haya convertido en atractiva valija que de tiempo en tiempo es robada por un grupo de oportunistas a quienes los ciudadanos de buena fe, le entregan su representación.

Eso facilita que se desarrollen Cárteles que desde diferentes áreas de la administración del Horario se combinan para cometer diferentes tipos de delitos de corrupción que le permitan acumular recursos materiales y, que por demás quedan impunes ante la mirada indiferente de toda la sociedad.

Es por esa razón que tenemos que estar atentos para repudiar las acciones y actuaciones violatorias de las leyes y normas establecidas para proteger de los depredadores del pasado y del  presente, los bienes que nos corresponden a todos por igual.

La lectura e interpretación que como ciudadanos debemos dar al mensaje que nos mandan los funcionarios o ex-funcionarios que rehúyen a la presentación de su declaración jurada es, que tienen o pretenden obtener bienes para los cuales no existen ni existirán justificaciones.

Si existen las intenciones para desmontar este molestoso ruido provocado por las "Declaraciones Juradas de Bienes de los Funcionarios y Ex-funcionarios Públicos", sólo hay que seguir el rastro de sus fortunas desde su origen y analizar los aumentos y disminuciones fundamentados en las fuentes y orígenes de ingresos y las justificaciones de los desembolsos compuestos por: inversiones, costos y/o gastos.

En este momento los gremios de los Contadores y Auditores de la República Dominicana tienen una magnífica oportunidad para cumplir con uno de sus principales roles sociales, asistir y ser asesores del Estado.  En caso de no ser consultados entonces tienen los medios de comunicación incluidas las redes sociales, para emitir sus valiosas opiniones.

Hoy más que nunca La Cámara de Cuentas, órgano designado por la Ley 311-14, único responsable de garantizar al Pueblo la tranquilidad y la confianza en el modelo de administración de los bienes públicos bajo el Sistema Democrático, deberá acercarse al Poder Ejecutivo y presentar el presupuesto de los recursos requeridos para la contratación de técnicos y peritos necesarios, para que tomando como base los impuestos pagados hagan los rastreos y análisis del inventario de bienes presentados en las "Declaraciones Juradas" de las personas que están disfrutando o han disfrutado del privilegio de ocupar importantes posiciones en el Sector  Público de nuestro país.

ROQUE J. DE LEÓN B. (MAE)

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL INTEGRAL

MIEMBRO DEL: SNTP Y SINLOPP