Decir que las generaciones han cambiado como forma de justificar el desorden social y delictivo a que estamos sometidos se nos ha hecho normal, pero la realidad es que este se debe entre otros factores no menos importantes, a la ausencia de la educación moral y cívica en los hogares y en el Sistema Formativo de nuestro país.
Con ese tipo de educación se busca el desarrollo integral de los niños, adolescentes y jóvenes de manera que entiendan que, además de la formación en áreas específicas del saber deben recibir la moral, que les conduzca a interpretar los buenos valores y desarrollar los suyos propios para vivir acorde con ellos.
En lo que llamamos generaciones anteriores se consideraban como normas: disciplina, respeto, honestidad, solidaridad, compromiso social, respeto por las reglas de convivencia en sociedad, crecimiento personal, identidad, conocimiento y respeto de los símbolos patrios, entre otros. Eso era aprendido e imitado de la familia y en los centros educativos.
La Educación Moral y Cívica como asignatura era impartida por uno de los profesores con mayor prestancia en el área de las Ciencias Sociales en cada centro educativo; tenía la responsabilidad de introducir a los alumnos al estudio y conocimiento de la familia, el Estado, los símbolos patrios y la sociedad.
Con la comercialización y politización de la educación por un lado, por el otro la corrupción y la búsqueda del dinero fácil, prácticas casi generalizadas en República Dominicana; esa asignatura se convirtió en un obstáculo para los fines de los que por años han gestionado la administración pública como si fuera su patrimonio familiar, por lo que fue eliminada.
A eso sumamos el grupo que juega y mantiene la doble moral patrocinando: la injusticia a través de la justicia, cuasi legalización del blanqueado de bienes y el narcotráfico, Ministerio Público que en contubernio con funcionarios de cuarta categoría desobedecen las sentencias judiciales y mantienen en manos de usurpadores propiedades que tienen sus legítimos dueños, "servidores públicos" y sus familiares que costituyen empresas de exportación e importación de bienes que también "suplen" al Estado, de igual manera, formación de empresas fantasmas para manejar las campañas publicitarias de las diferentes dependencias públicas.
A esto agregamos personas e instituciones del sector privado que motivan e impulsan la corrupción administrativa; comunicadores, medios y espacios de comunicación que crean y desaparecen situaciones, individuos y grupos que siempre apuestan al "cambio" y al final, lo reducen a una pelea personal por un simple empleo, todo eso y más por la falta de una efectiva Educación Moral y Cívica.
Con el manejo y control del COVID-19 no ha sido diferente, la desdicha de su detección en medio de un proceso electoral puso de manifiesto la falta en nuestra sociedad de gran parte de los valores que conocemos y desarrollamos vía la educación moral y cívica.
En este proceso de aproximadamente un año, tanto los integrantes de la sociedad civil como los funcionarios públicos de nuestro país en un alto porcentaje hemos exhibido: indisciplina, deshonestidad, falta de compromiso y responsabilidad social avergonzarte; para completar, personas sin ningún aporte o conocimiento científico buscan abortar el proceso de vacunación contra esta letal enfermedad. A lo que en democracia, tienen derecho.
Las vivencias del COVID-19 nos brindan la oportunidad de legar a las futuras generaciones una sociedad saneada e integrada por verdaderos ciudadanos, para lograrlo tenemos que retornar a las familias y a nuestro Sistema Educativo un verdadero y bien pensado esquema de educación moral y cívica.
No podemos seguir postergando esta gran responsabilidad si realmente queremos cambios en nuestra sociedad!!
ROQUE J. DE LEON B. (MAE)
DIPLOMADO EN TECNICAS DE COMUNICACION SOCIAL INTEGRAL
MIEMBRO DEL: SNTP Y SINLOPP