Los medios de comunicación en algunos países y República Dominicana no es la excepción, basados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace alusión a la Libre Expresión y Difusión del pensamiento así como al manejo de la información, intervienen en muchas áreas del diario vivir, sin importarles si causan algún tipo de colisión de intereses o no; tal es el caso de la mediatización de algunos procesos judiciales sobre todo, cuan involucran a figuras políticas o la motivación de alguien que en justicia no obtuvo ganancias de causa y no se resigna a aceptar los resultados.

 A nivel internacional, históricamente hemos tenido casos muy sonados como son los escándalos de las guerras y las negociaciones de todo tipo que estás originan, más en nuestro país este tipo de evento se conoció a profundidad con el descomunal fraude electoral del año 1978; orquestado y ejecutado por el Doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo y su anillo especial de colaboradores en contra del Partido Revolucionario Dominicano de aquel tiempo y el pueblo, que abrumadoramente votó en su contra.

A pesar de la presión ejercida por el gobierno Norteamericamo para que se respetara la Voluntad Popular expresada en las urnas, ese objetivo sólo fue logrado a nivel del Poder Ejecutivo ya que el Legislativo fue vulgarmente robado en un juicio manipulado y mal manejado por jueces políticamente comprometidos además de una brutal campaña mediática: inmoral, anti-ética y deshonesta.

Ese bochornoso hecho significó un duro golpe y un freno a los avances democráticos logrados contra las atrocidades que cometía ante los ojos de todos, el gobierno del Doctor Balaguer Ricardo, quien fue desplazado de forma efímera del poder ya que logró retornar en el año 1986, provocando nuevas crisis de fraudes en los años 1990 y 1994 ambos acompañados de las maniobras mediáticas.

No menos demoledor fue el trato dispensado por los medios de comunicación al juicio desarrollado en contra del Dr. Salvador Jorge Blanco y parte del equipo que le acompañó en su gobierno durante el perído 1982-1986; ese proceso, por la forma atropellante como fue conducido dejó muy maltrecha la "credibilidad e institucionalidad" de la Justicia Dominicana de aquel momento.

A estos escándalos les siguieron, en otra etapa de nuestra llamada "Democracia", los casos de corrupción más horrendos en nuestro país incluído uno con impacto internacional como es el famoso caso ODEBRECHT, que a pesar de que los directivos de esta empresa admitieron haber pagado sobornos para lograr la adjudicación de grandes obras de forma irregular, este quedó prácticamente en la impunidad igual que otros tantos; la participación de la prensa fue muy sobresaliente.

De igual forma no menos impactantes fueron los casos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), en el primero dos ex-incumbentes fueron sometidos a la justicia por supuestas malversaciones de fondos públicos, uno de ellos en pleno juicio televisado llamó "cobarde" al Procurador General de ese momento, Lic. Francisco Domínguez Brito; quien no obstante mostrarse tan flácido en aquella ocasión, se ha presentado en reiteradas oportunidades como supuesto precandidato a la presidencia.

Ese privilegiado grupo de "hombres de bien" fueron interrogados y sus interrogatorios transmitidos al mundo por diferentes medios de comunicación, muchos de ellos comprometidos con esas causas por favores recibidos y, co-responsables de que un gran número de imperdonables casos de corrupción hayan quedado en la impunidad.

En los casos más recientes de supuesta corrupción administrativa tenemos una gran variedad de participantes que van desde: familiares y colaborador muy próximo del ex-presidente Danilo Medina, pasando por el ex-procurador General de la República Jean Alain Rodríguez y llegando hasta un diputado y un administrador de la Lotería Nacional del Gobierno actual, todos pasando por procesos terriblemente mediatizados por los diferentes actores.

En los últimos tiempos ya no sólo los procesos judiciales que envuelven a los políticos son mediatizados sino que "comerciantes y empresarios" que intentan violentar las reglas establecidas y otros malos ciudadanos que no han logrado ganancias de causa en los tribunales; tomando el mal ejemplo de algunos políticos, intentan aprovechar la vulnerabilidad de algunos medios y espacios de comunicación al igual que de muchos comunicadores para intentar confundir y lograr sus objetivos finales, que no son más que desvirtuar la verdad.

Ese objetivo es peligroso porque su fin es tratar de presionar a los jueces para obtener sentencias distorsionadas de la realidad además de confundir a la parte de la sociedad más ingenua; para ese sucio juego es que se presta una parte importante de la prensa, apartándose por completo de su rol.

Para detener esas anormalidades es necesario que las familias se miren hacia dentro y la sociedad en sentido general, para que cada una asuma su rol con la responsabilidad que amerita esta delicada situación.

ROQUE J. DE LEON B. (MAE)

DIPLOMADO EN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INTEGRAL

MIEMBRO DEL SNTP Y EL SINLOPP