Decir que en nuestro país hay un exceso de prisioneros preventivos resulta bastante fácil para alguien que tiene como modo de vida defender a delincuentes y/o criminales al igual que para aquellos que, aún no han sido asaltados en su propia casa, trabajo o en las calles, que no han sufrido en carne propia la violación y/o asesinato de algún pariente querido o que, simplemente no le han ultrajado y faltado al respeto en cualquier espacio público.
Es bueno ganar cámara, fama, dinero y más con el dolor ajeno a la vez que desafían y se burlan de las leyes en nuestro país; no es posible que personas que son sorprendidas "in fraganti": robando a mano armada, asesinando, abusando de diversas formas a Niñas, Niños, Adolescentes al igual que a damas de todas las edades, golpeando a autoridades bajo cualquier circunstancia y que, existiendo testigos presenciales así como videos de camaras de vigilancia; la ciudadanía deba soportar a individuos de esa naturaleza paseándose por los mismos espacios, donde por igual deben transitar sus víctimas.
Tengo que señalar que las personas apresadas bajo las condiciones anteriormente señaladas no sólo deben estar bajo prisión sino, que no son merecedores de las tediosas y costosas revisiones periódicas y, de permitirselas estos deberían estar obligados a cargar con el más mínimo centavo del costo del proceso y de la movilidad en el que incurra el agraviado.
En nuestra sociedad, por falta de respeto a la institucionalidad se le permite la libertad a cualquiera, sobre todo, a los malos políticos y a los representantes de algunos países amigos, cuestionar las decisiones de las autoridades facultadas para representarnos, incluyendo a los Jueces de nuestros Tribunales.
Hace unos días observé por las redes sociales con mucha preocupación la forma irresponsable, abusiva, irrespetuosa y arrogante en que un extranjero de origen cubano, no conozco su nacionalidad legal, golpeaba a un miembro de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESET) de nuestro país; por menos que eso he visto en Estados Unidos de América que algunos policías le han quitado la vida a indefensos ciudadanos.
Si es que a los actores Políticos de República Dominicana no le interesa preservar el estado de respeto y de derecho para todos, la sociedad civil debe reflexionar sobre las intenciones de algunas presiones y expresiones de sectores nacionales y extranjeros sobre temas que en nuestra Nación están claramente definidos, establecidos, reglamentados y asignadas las autoridades, que tienen que dar seguimiento así como hacerlos cumplir.
Hay temas que son de interés de cada uno de los nacionales dominicanos y sin caer en exageraciones ni celos como en los viejos tiempos, hay que escuchar e investigar las intenciones con las que se dicen y promueven; los primeros responsables en dar el frente deben ser las autoridades a las que corresponda.
Si hemos presumido por los cuatro puntos cardinales que tenemos un Ministerio Público Independiente, no podemos permitir que un representante diplomático de cualquier país "amigo" intente desacreditar las decisiones emanadas de nuestros Tribunales, siempre que estén apegadas y cumplan con nuestra Constitución y las Leyes Dominicanas.
A los ciudadanos dominicanos por mandato constitucional, teóricamente siempre han merecido tener garantía de: integridad, seguridad incluida la de la vida, entre otras tantas y, cuando la pierden o se la quitan entonces, mínimo deben contar con una clara aplicación de justicia en contra de sus agresores.
Para que eso suceda todos debemos ser vigilantes de las acciones de los integrantes de nuestro Sistema Judicial y garantistas del respeto a la independencia con la que estos deben contar para emitir sus sentencias, libres de cualquier contaminación o ingerencias extrañas; de esa manera evitaremos que personas que merecen estar encerradas en una cárcel agredan o le quiten la vida a indefensos ciudadanos.