El miércoles 28 de marzo el periódico Hoy editorializó sobre un tema de trascendental importancia para el sostenimiento financiero de nuestro sistema de seguridad Social. Analiza el diario en su opinión, que es una inconsecuencia brutal y un mal ejemplo el hecho de que instituciones del Estado, por donde debe empezar el respeto estricto de las leyes, estén entre  las principales evasoras de la seguridad social. Las entidades que menciona son el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, el Banco Central, la Junta Central Electoral, las Fuerzas Armadas, la Policía y los ayuntamientos.

En sus considerandos, la misma ley 87-01 establece la importancia de un sistema de protección de carácter obligatorio, solidario y sostenible. La obligatoriedad nos lleva a pensar que esas instituciones por fuerza de la ley misma, deberían estar cotizando.  En cuanto a lo solidario, se trata de que todos los asalariados deben aportar, independientemente de lo que ganen o la función que ejerzan.

Lo económicamente sostenible tiene que ver con el contrapeso que ejerce, por ejemplo, el funcionario con ingresos mensuales de cien mil pesos, el cual sólo tiene un hijo con seguro médico, y el obrero que gana sueldo mínimo, pero tiene siete hijos inscritos en el sistema. El jugoso aporte del funcionario equilibra la flaca contribución del empleado de sueldo mínimo.  Al empleado le atienden sus siete hijos en el médico, mientras que al funcionario le atienden uno, pero el funcionario aporta mucho más, porque gana más.

El equilibrio financiero, descrito en la ley misma, es inexistente debido a la exclusión de esas instituciones. Le faltó el Banco de Reservas que tampoco cotiza.  

Lo que hizo el Congreso fue mutilar el proyecto de ley,  autoexcluyéndose y  suprimiendo las principales instituciones del país, las que pagan buenos salarios, las que deberían predicar con el ejemplo.

El resultado, fue el nacimiento de una ley trunca cuya sostenibilidad está en peligro debido a la corta visión que acusa el tigueraje político, cuyo único objeto es legislar para beneficio propio, además, unas autoridades del Banco Central, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Banco de Reservas y Fuerzas Armadas que, en ese sentido, son como la gata de María Ramos y tan irresponsables como el Congreso mismo.  

La ley en cuestión debe ser modificada.