Afirman fiscales adjuntos PP habrían actuado en contubernio con narcos y policías corruptos caso La Mulata III

Ultima Actualización: viernes, 23 de agosto de 2013. Por: ANTONIO HEREDIA

Esta afirmación fue realizada por el comentarista Santiago Cuesta Cury, en el espacio “El Gobierno de la Noche” de la emisora Z101, quien denunció que los fiscales adjuntos supuestamente estarían vinculados con acciones irregulares de policías “corruptos” de puesto en Puerto Plata y en el municipio turístico de Sosúa.

PUERTO PLATA.- Los fiscales adjuntos que acusaron a la fiscal de esta jurisdicción de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, a propósito del allanamiento irregular en el residencial La Mulata III de Sosúa, lo hicieron porque están bajo investigación o han sido suspendidos por su alegado contubernio en casos de narcotráfico y  por haber favorecido suspensiones de penas a implicados en drogas.
 
Esta afirmación fue realizada por el comentarista Santiago Cuesta Cury, en el espacio “El Gobierno de la Noche” de la emisora Z101, quien denunció que los fiscales adjuntos supuestamente estarían vinculados con acciones irregulares de policías “corruptos” de puesto en Puerto Plata y en el municipio turístico de Sosúa además que dichos agentes han pertenecido a dotaciones policiales ubicadas en otros lugares de esta provincia atlántica.
 
Cuesta Cury al hacer la revelación, dijo que los fiscales de Puerto Plata desde hace tiempo están bajo cuestionamientos e investigación por sus actuaciones parcializadas, por arribar a acuerdos y hacer concesiones en casos relacionados con drogas y narcotráfico, por lo que sostuvo que con la llegada de la fiscal Alba Núñez Pichardo a la Procuraduría Fiscal Titular de Puerto Plata es ahora que muchos casos escandalosos comienzan a ser investigados, por lo cual muchos fiscales adjuntos comenzaron a verla con “ojerizas”.
 
Según expuso, es después que éstos fiscales adjuntos son sometidos a investigación, y previo a una prevista sanción disciplinaria del Consejo Superior del Ministerio Público, es que se “destapan” con sus declaraciones contra la procuradora fiscal Núñez Pichardo hasta el punto de las investigaciones del caso de La Mulata III, en Sosúa, estaban detenidas, porque altos oficiales de la Policía Nacional en la jefatura del general José Armando Polanco Gómez, retenían las informaciones en torno a ese escándalo acción que retrasó las indagatorias y es en diciembre, cuando la Fiscal Titular decide asumir de manera personal las investigaciones del referido caso tan bochornoso.
 
El comentarista observa como muy curioso, que sean precisamente los fiscales que serían sancionados, que se destapen firmando el documento público de cuestionamiento a la procuradora fiscal Núñez Pichardo por cuya anuencia se sometió a un juicio disciplinario ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador fiscal adjunto Wilfredo Martínez Castillo y suspendidos por dos meses y sin disfrute de salarios a los también fiscales Víctor Manuel Mejía y Juan Carlos Hernández castro supuestamente por arribar a acuerdos haciendo suspensiones de penas parciales y total de casos de tráfico de drogas.
 
Se recuerda que el pasado 11 de julio, los fiscales adjuntos Ramón Antonio Núñez Liriano, Elvis Miguel García, Víctor Mejía Rodríguez, Grimilda Altagracia Disla Mateo, José Martínez Montán, Juan Carlos Hernández y Braulio Rondón redactaron un documento donde cuestionan a la magistrada Núñez Pichardo a la cual la culpan de actuar con irresponsabilidad y cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones, así como de reunirse 15 días del caso de La Mulata III, ocurrido el 17 de octubre del 2012, con los alemanes contrarios al grupo residente en el lugar, junto al capitán de la Policía Nacional Gerson Acosta, en una aparente intención de quererla implicar en el conflicto de intereses que enfrenta a los extranjeros.
 
Mientras que ayer jueves, la Inspectoría de la Procuraduría General de la República recomendó al Consejo Superior del Ministerio Público destituir al fiscal adjunto de Puerto Plata, Wilfredo Martínez Castillo, acusado por la titular  Alba Núñez Pichardo de una supuesta insubordinación por no pedir condena en dos o tres procesos en un caso de posesión de cocaína, que presuntamente no tener pruebas arribó a un acuerdo con un defensor público de Puerto Plata, mientras que el fallo sobre esta recomendación será dado a conocer en una próxima audiencia.
 
Martínez  está en el grupo de los ocho fiscales adjuntos que han solicitado a la Procuraduría General de la República que investigue a la fiscal Titular de Puerto Plata  sobre el caso de La Mulata III, donde murió un alemán, un haitiano resultó herido, se detuvieron de forma irregular a tres alemanes mas y de forma indecorosa se confiscaron tres cajas fuertes, que según los extranjeros contenían dinero, joyas y bienes por valor de 60 millones de pesos.
Carecen de pruebas y debe investigarse a Polanco Gómez.
 
Cuesta Cury, también fue secundado por el otro comentarista Carlos Vargas, los cuales afirmaron que si los fiscales hubieran tenido pruebas de irregularidades contra la magistrada Alba Núñez Pichardo, debieron hacerla anteriormente, para que ésta fuera suspendida en sus funciones, sin embargo, consideraron que resulta cuestionante que sea ahora que sugieran su suspensión, luego que algunos de los ochos son objeto de juicios disciplinarios por el Consejo Superior del Ministerio Público.
 
De igual manera expresaron que además de los fiscales adjuntos actuantes, también deben ser objeto de investigación el ex jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, y el ex director de Investigaciones Criminales (DICRIM), general Máximo Báez Aybar, en el sentido de que éstos retuvieron informaciones al Ministerio Público y trataron de encubrir los hechos acontecidos durante actuación de oficiales subalternos en La Mulata III de Sosúa.
Dilación dudosa
 
Pese a que el hecho ocurrió el 17 de octubre de 2012, es el pasado mes de diciembre y en el presente año que se inician las investigaciones de fondo, luego de la intervención diplomática de la embajada alemana en república Dominicana y abogados de los extranjeros detenidos, que denunciaron la supuesta sustracción de bienes valorados en 60 millones de pesos contenidos en las dos cajas fuertes sustraída de la residencia de éstos.
 
Por el feo escándalo que ha surgido se cancelaron y fueron sometidos ante la justicia con un año de prisión como medida de coerción a dos coroneles y un teniente de la Policía Nacional, mientras que están bajo investigación 14 agentes de rangos inferiores los cuales fueron suspendidos de la institución.