En cualquier sociedad organizada la libertad de expresión suele estar protegida por leyes y constituciones que garantizan el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones sin temor a represalias.

El deseo de silenciar a la población es un fenómeno que ha sido analizado desde diversas perspectivas, incluyendo la sociología, política y la comunicación. Un concepto clave en este tema es la espiral del silencio, una teoría que explica cómo las personas tienden a ocultar sus opiniones si creen que son impopulares lo que puede llevar a una falta de diversidad en el discurso público.

La imposición del silencio en la población por cualquier vía a sabiendas de que en muchos aspectos hay falta de respuesta de los gobiernos ante necesidades reales de la población contribuye a la invisibilización de ciertos grupos. Además, el silencio tiene un sentido político profundo, ya que puede ser utilizado como una herramienta de exclusión y control social.

La influencia de los medios de comunicación puede amplificar ciertas posturas y silenciar otras. Es decir que la imposición del silencio casi siempre estará dirigida al voto disidente a aquellos que denuncian actos de corrupción en sentido general a los que afecten intereses particulares.

Controlar el clima de opinión obligando a la gente ajustar su discurso según lo que se considere socialmente aceptable puede llevar a normalizar del discurso público, donde solo se escuchan ciertas voces mientras otras quedan excluidas. Esto afecta la diversidad de ideas y el debate democrático.

Personalmente, no estoy de acuerdo con la censura por sospecha, creo que ciertamente es obvio que hay un descontrol en ciertos espacios, que con frecuencia cruzan líneas y suelen caer en demasía. Sin embargo, es de todos sabido que para todo hay formas, que en lugar de silenciar, hay que educar, hacer respetar las leyes por todos los ciudadanos desde los que gobiernan y dirigen hasta los ciudadanos de a pies y establecer límites para que se respeten los derechos de todos.

En estos tiempos tratar de reducir la diversidad de opiniones en el debate social y político, promoviendo un mensaje uniforme que minimiza diferencias ideológicas o perspectivas alternativas.  Si un gobierno o sus funcionarios sienten la presión social o se molestan con las opiniones la estrategia para controlar la narrativa de los hechos no debería vulnerar los derechos de los ciudadanos.