Es lamentable que el presidente Luis Abinader violenta la Ley 379-1981 y pone en peligro las arcas del Estado al otorgar pensiones a personas que nunca han trabajado en la administración pública o que no cumplen con los requisitos legales.
La ley de marras, la cuál es la que cita el presidente en sus decretos para justificar esos privilegios irritantes a militantes perremeístas, en su artículo 2, señala una escala de personas con habilitación para ser beneficiarias con una pensión, tomando en cuenta en la primera escala el tiempo desempeñado de aquellos empleados o funcionarios públicos que posean un mínimo de 25 años de trabajo en el gobierno.
Esas pensiones a esos militantes políticos que nunca han trabajado en el gobierno no son legales y por lo tanto no pueden ser incluidas en el presupuesto nacional porque se violaría el principio de legalidad presupuestaria.