Desde hace algunos años, los comerciantes dominicanos vienen expresando su preocupación por la creciente presencia de negocios de origen chino en el país. La pregunta es inevitable: ¿qué factores permiten que, en el lapso de uno o dos años, puedan instalarse hasta seis tiendas en un municipio como San Felipe de Puerto Plata? ¿Tanto florece la oportunidad?

¿Qué incentivos reciben esos comerciantes asiáticos que no están al alcance de los dominicanos?

Surge otra interrogante: ¿es financieramente viable alquilar un local por diez años, a razón de 20 mil dólares mensuales, y pagar la totalidad del contrato por adelantado? ¿Qué tipo de negocio minorista soporta gastos de esa magnitud?

¿Qué podría estar sucediendo? ¿Estamos frente a prácticas de dumping? ¿Subvaluación aduanera? ¿Evasión fiscal? ¿Incumplimientos con la Tesorería de la Seguridad Social?

¿Cuál es la brecha tributaria que separa a los comercios de origen asiático de los dominicanos? Y, sobre todo, ¿cómo logran sostener esa operatividad?

El impacto de este fenómeno en la República Dominicana es innegable, aunque difícil de medir con precisión. No se trata de prohibir su presencia, sino de garantizar reglas claras bajo el principio de una competencia leal.

Justamente esta semana, en redes sociales, un ciudadano se preguntaba cómo es posible que en algunos de estos establecimientos la cajera utilice una calculadora manual, cobre únicamente en efectivo y entregue recibos escritos a mano, y solo si el cliente los reclama. ¿Permitirían las autoridades esa misma práctica a un comerciante dominicano?

Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. En Colombia, el diario Portafolio recogía las quejas de comerciantes locales frente a empresarios chinos que pagan altas sumas por locales y venden productos a precios muy bajos. Uno de los entrevistados llegaba a afirmar que los importadores asiáticos reciben mercancía con bajos aranceles desde su país y beneficios adicionales en Colombia. Si bien tal afirmación carece de rigor técnico, abre la puerta a sospechas sobre subfacturación o importaciones a precios artificialmente bajos.

En Venezuela, las críticas apuntan a la negativa de algunos comercios de entregar facturas de compra, práctica sancionada por ley y que vulnera la transparencia tributaria.

En Brasil, el propio Ministerio de Industria y Comercio ha iniciado investigaciones por presunto dumping en importaciones chinas de acero inoxidable, mientras que en México, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) denuncia que plataformas como Alibaba, Shein y Temu afectan tanto a los comercios locales como a la recaudación de impuestos.

Argentina, por su parte, enfrenta una ola de importaciones que, según industriales, amenaza empleos en sectores estratégicos como acero, autopartes, textiles y metalurgia, en un contexto de controles laxos y consumo deprimido.

La pregunta que nos corresponde en la República Dominicana es si las presiones diplomáticas son tan fuertes que limitan al Gobierno a la hora de proteger a los comerciantes locales.

Lo que se necesita es simple y claro: reglas uniformes que garanticen una competencia justa.