La República Dominicana es un país democrático, tiene un sistema político basado en la división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente, elegido por voto popular, ostenta el cargo de jefe de Estado y jefe del gobierno dominicano, hasta ahora ha sido tradicionalmente dominado por partidos políticos.

La sentencia 0788/24 del Tribunal Constitucional de diciembre del 2024 que reconoce el derecho a postularse sin afiliación partidaria ha tenido el rechazo de los partidos políticos.  ¿por qué, pese a este fallo, el Congreso ha rechazado legislar al respecto? ¿Cuál es el miedo de los partidos tradicionales a estas candidaturas? Esos mismos partidos tradicionales y sus dirigentes que reciben millonarios recursos de los dineros de los contribuyentes son los mismos que no quieren dejar de succionar las ubres de la vaca llamado
Estado que destina esos fondos.

Para entender este temor del poder legislativo habrá que referir los artículos 156 y 157 de la Ley Electoral que fueron declarados inconstitucionales por el tribunal Constitucional por imponer barreras desproporcionadas y con esta decisión de abrió paso a las candidaturas independientes.

El Tribunal Constitucional dictó en defensa del pluralismo político, derecho a elegir y ser elegido, y la participación ciudadana sin intermediarios. El Tribunal Constitucional dominicano enfatizó que exigir la pertenencia a partidos políticos para la presentación de candidaturas, especialmente a nivel presidencial, restringía el derecho fundamental a la participación política y electoral, consagrado en la Constitución. Además, consideró que los requisitos establecidos por la ley electoral en relación a las candidaturas independientes, eran excesivos y no estaban contemplados en la Constitución

La Junta Central Electoral (JCE) presentó un proyecto de ley para regular estas candidaturas, incluyendo requisitos como firmas de apoyo y asociaciones cívicas. No obstante, la honorable Cámara de Diputados rechazó los proyectos de ley, alegando que las candidaturas independientes “chocan” con la Constitución y que solo una reforma constitucional podría habilitarlas.

Legisladores argumentan que el Congreso tiene soberanía legislativa incluso frente a sentencias del Tribunal Constitucional. Este rechazo marca un precedente institucional y se podría suponer que el Congreso desafía abiertamente un mandato del Tribunal Constitucional.

¿Es la negativa del Congreso una defensa de la Constitución o una estrategia para preservar el monopolio partidario? Está claro que para el sistema partidario las oportunidades de abrir el sistema a candidaturas independientes es un gran riesgo para mantenerse en el poder entonces ¿es fragmentación o democratización? La Junta Central Electoral tendrá que disponer de la logística, fiscalización de fondos, equidad en la competencia. La tensión entre poderes revela una crisis de interpretación constitucional y de voluntad política.

Las candidaturas independientes no son una amenaza al sistema democrático, sino una oportunidad para revitalizarlo. El debate no es solo legal, sino profundamente político: ¿quién tiene el derecho real a representar al pueblo? Queda claro que ningún partido ha defendido la sentencia del tribunal constitucional.