La ley es dura, pero es la ley o, lex, dura lex, como decían los Romanos. La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia ha dejado un sabor acre en el paladar de la clase pensante de República Dominicana.

La falta de claridad y precisión en los criterios utilizados para el rechazo o no de los jueces, impedide, a la larga, avanzar como nación.

Si cada partido en el poder basa la permanencia en esos puestos, con el anteojo de la posible ayuda en caso de que sus acólitos sean sometidos a la justicia, no saldremos del subdesarrollo.

Y no son criterios difusos, ni vagos, ni imprecisos los que mueven la clase política, son juicios ciertos e irrefutables dirigidos a “blindar” las posibles consecuencias de comportamientos reñidos con la ley.

Lo que pasó la semana pasada y lo que ha pasado a partir de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura son muestras de que la clase política no está comprometida con el desarrollo de este conuco.