Distrito Nacional.- El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso como medida de coerción, una garantía económica de 50 millones, a Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario, en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

El Ministerio Público anunció de inmediato que apelará la decisión judicial y el procurador adjunto Wilson Camacho calificó como “una burla” a las víctimas dejar en libertad, mediante una garantía económica, a los imputados por el desplome del Jet Set, un caso con 235 muertos y 180 heridos, la prensa ha computado 236 muertes pero el recuento oficial del órgano acusador permanece en 235.

En una maratónica audiencia que se prolongó por unas 12 horas, el veredicto emitido pasada la 1 de la madrugada, declaró el caso como complejo e impuso impedimento de salida y presentación periódica a ambos imputados.

Los abogados que representan a una parte importante de los familiares de las víctimas habían solicitado el cambio de calificación de homicidio involuntario a “homicidio voluntario por dolo eventual”.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, expresó el procurador adjunto Wilson Camacho.

Al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de terminada la audiencia, el procurador adjunto ponderó que “todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público, eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo”.

El tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, como homicidio involuntario, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que “no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.