PUERTO PLATA.- El Ministerio Público inició una serie de investigaciones ante lo que calificó como un preocupante patrón de uso indebido de medios de comunicación para ejercer chantaje, difamación y presión ilegítima contra ciudadanos y entidades públicas y privadas.

Así lo anunció la Procuradora fiscal titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en un comunicado dirigido a la opinión pública donde expresa la seria preocupación institucional ante la creciente conflictividad mediática que según asegura “amenaza con socavar los pilares del debate público y la confianza ciudadana en los medios de información”.

Ramos aclaró que la actuación de la Procuraduría no responde a un intento de censura, sino a la defensa de la legalidad y la ética en la comunicación pública, ya que el Ministerio Público no permanecerá indiferente y por eso ha iniciado investigaciones rigurosas para identificar patrones de conducta que puedan configurar esquemas de chantaje sistemático y aprovechamiento indebido de plataformas mediáticas.

“Desde esta Procuraduría General de la República decimos con claridad: esto debe detenerse. No por censura, sino por decencia. No por temor, sino por convicción. Vamos a actuar, dentro del marco de la ley, para proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de cada ciudadano a no ser víctima de campañas difamatorias ni de presiones mediáticas encubiertas”, afirmó.

La magistrada Rosalba Ramos advirtió sobre una peligrosa escalada de denuncias cruzadas, demandas por difamación y alegaciones de chantaje que involucran a comunicadores, medios y figuras públicas, situación ha dado lugar a una incipiente industria del descrédito, donde la verdad se ve desplazada por intereses personales, extorsivos o políticos.

La servidora pública reveló que las investigaciones abarcan a varios comunicadores y creadores de contenido, entre ellos Ángel Martínez, Claudia Pérez (La Tora), Luis Alfredo Cabrera (Kapulet), José Maracallo y Fernando Peña, cuyos nombres han sido vinculados a prácticas que podrían configurar delitos.