Aunque en los últimos 30 años el país ha logrado notables progresos en orden a estabilizar sus instituciones democráticas, a generar un clima de convivencia ciudadanas y a reivindicar el dialogo entre sus actores sociales y políticos, el funcionamiento del sistema político adolece de numerosa fallas.

Un sucinto diagnóstico del sistema político dominicano lo evidencia altamente presidencialista, centralizado, con un claro desbalance entre los poderes del estado: “un Congreso relativamente débil y un poder judicial carente de autonomía real y a su vez politizado”. Los gobiernos municipales languidecen por falta de recursos y de facultades política, atrapados en modelos de gestión superados por las nuevas realidades urbanas.

La ausencia de políticas de estados que den continuidad a la gestión pública y la personalización de la controversia política, han limitado la eficacia de las instituciones gubernamentales. Los efectos nocivos del clientelismo, del caudillismo, de los valores y prácticas autoritarias, han frenado la necesaria modernización de la vida política dominicana.

La ciudadanía ha conquistado libertades civiles en las últimas tres décadas, pero la dictadura de los partidos, unido a la  impunidad y la corrupción ancestrales del Estado Dominicano, han retardado el proceso de modernización económica y política.

Para avanzar en democracia se necesitan reformas que promuevan crecimiento económico con mejor distribución de los recursos, y mayor eficiencia en la administración pública. Si no cumplimos con esos dos puntos, hablar de crecimiento es una ilusión.