Aunque en los últimos 30 años el país ha logrado notables
progresos en orden a estabilizar sus instituciones democráticas, a generar un
clima de convivencia ciudadanas y a reivindicar el dialogo entre sus actores
sociales y políticos, el funcionamiento del sistema político adolece de
numerosa fallas.
Un sucinto diagnóstico del sistema político dominicano lo
evidencia altamente presidencialista, centralizado, con un claro desbalance
entre los poderes del estado: “un Congreso relativamente débil y un poder judicial
carente de autonomía real y a su vez politizado”. Los gobiernos municipales
languidecen por falta de recursos y de facultades política, atrapados en
modelos de gestión superados por las nuevas realidades urbanas.
La ausencia de políticas de estados que den continuidad a la
gestión pública y la personalización de la controversia política, han limitado
la eficacia de las instituciones gubernamentales. Los efectos nocivos del
clientelismo, del caudillismo, de los valores y prácticas autoritarias, han frenado
la necesaria modernización de la vida política dominicana.
La ciudadanía ha conquistado libertades civiles en las
últimas tres décadas, pero la dictadura de los partidos, unido a la impunidad y la corrupción ancestrales del
Estado Dominicano, han retardado el proceso de modernización económica y
política.
Para avanzar en democracia se necesitan reformas que
promuevan crecimiento económico con mejor distribución de los recursos, y mayor
eficiencia en la administración pública. Si no cumplimos con esos dos puntos,
hablar de crecimiento es una ilusión.